Sobre la regulación del uso de celulares en las escuelas

| 22 Oct 2026 - 20:17hrs

Recientemente, las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Primera, del Senado de la República aprobaron, de forma unánime y con el apoyo de todas las fuerzas políticas, una reforma que prohíbe los teléfonos celulares y otros dispositivos inteligentes en las escuelas, desde preescolar hasta el nivel de secundaria, tanto en colegios públicos como privados.

La discusión debe ir más allá de si se permiten o se prohíben los dispositivos móviles; debe existir un debate más amplio para determinar cómo, eventualmente, la tecnología puede contribuir al aprendizaje, sin que se convierta en un distractor o un obstáculo para el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia.

El dictamen propone incorporar a la Ley General de Educación disposiciones específicas sobre el uso responsable y seguro de dispositivos digitales personales y parte de un diagnóstico razonable: la tecnología ha transformado la forma de comunicarnos, el acceso a la información y las relaciones interpersonales; las escuelas no permanecen ajenas a esa realidad. Si se les da un buen uso, los teléfonos celulares podrían ser herramientas pedagógicas valiosas, pero, sin supervisión, generan interrupciones en las dinámicas del aula y afectan la concentración, sobre todo cuando no se ponen límites claros dentro del salón de clases.

Esta regulación tiene una justificación educativa legítima, pero no se puede asumir que establecer estas restricciones equivale, por sí solo, a garantizar mejores condiciones de aprendizaje. Hay que recordar que en la última prueba PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes), coordinada por la OCDE, nuestro país se ubicó en el lugar 37 de 38 países en ciencias y comprensión lectora. Asimismo, obtuvimos un puntaje promedio de 388 puntos en matemáticas (75 puntos por debajo del promedio de la OCDE), 408 en comprensión lectora y 414 en ciencias. Además, alrededor del 70 % de los estudiantes en México no alcanza el nivel básico (nivel 2) en matemáticas y el 50 % en lectura y ciencias.

Nuestro grupo parlamentario en el Senado de la República, en voz del senador Luis Donaldo Colosio, respaldó la regulación, aunque advirtió sobre la falta de medidas específicas para atender la salud mental de las y los alumnos y señaló la necesidad de garantizar recursos suficientes para la capacitación de las y los docentes. Solicitó también que se evalúen los resultados de la reforma y que se establezcan garantías claras sobre la protección de los datos personales, la comunicación entre estudiantes y sus familias y la proporcionalidad de las sanciones.

Lo anterior pone de manifiesto una de las principales debilidades de la reforma: la ausencia de mecanismos claros para medir los resultados. Es decir, esta política educativa no se debe evaluar por el número de dispositivos que se retiran de las escuelas, sino por los efectos que dicho retiro tenga en el aprendizaje, la convivencia, la atención, el bienestar y la inclusión del alumnado. Será indispensable que se establezcan de forma gradual indicadores y que se genere información que se pueda comparar y revisar periódicamente, con el objetivo de medir la eficacia de las medidas.

Respaldar la iniciativa de regulación del uso de celulares en las escuelas no nos obliga a ignorar que es perfectible y tiene vacíos. Exigiremos que su implementación sea viable, inclusiva y evaluable.

Regular es un primer paso; sin embargo, hay que reconocer que el desafío de la educación contemporánea es más grande y no consiste en elegir entre libros y pantallas, sino en enseñarles a nuestras niñas, niños y adolescentes cómo usar la tecnología para aprender. Hay que convertir esa regulación en una verdadera política de educación digital; ese será el verdadero reto.

Agustín Torres Delgado

Secretario General de Acuerdos

Movimiento Ciudadano